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Con frecuencia las Administraciones Públicas requieren de servicios que sus propios empleados y departamentos no realizan. Se abre entonces la puerta al sector privado para que mediante concurso u oferta abierta puedan ofrecer sus productos y servicios.

En estos momentos difíciles en que cada cliente ha de conseguirse tras una dura batalla y la competencia hace que tengamos que esforzarnos al máximo para conservarlos, la idea de   ser contratados para un proyecto público, suele hacernos creer que estamos ante una gran oportunidad. Las administraciones suelen contratar trabajos de una envergadura media o grande y durante cierto plazo de tiempo que nos da cierta idea de estabilidad y beneficio a medio plazo. Además, también hay que contar con el valor añadido de mejorar nuestra reputación ante los otros clientes que comprueban cómo hemos sido seleccionados por las distintas instituciones. Por supuesto, también hay que tener en cuenta cómo este tipo de contrataciones influye en el aumento de nuestra red de contactos profesionales lo que implica una mejora en las posibilidades de futuras colaboraciones o negocios.

Ahora bien, también tiene sus inconvenientes.  No tiene la misma repercusión un desacuerdo con un cliente, por importante que este sea, que las acciones que contratan las administraciones. Cuando se trata del dinero de todos, cualquier resultado es inspeccionado al milímetro y las divergencias políticas de los distintos bandos pueden cuestionar negativamente un trabajo impecable desde el punto de vista profesional. También hay que tener en cuenta que algunos de los contactos que podamos hacer al trabajar para lo público, desaparecerán de nuestra agenda cuando continuemos con nuestras labores en el sector privado o esperarán algún tipo de contraprestación en futuras colaboraciones.

El principal inconveniente vendrá a la hora de cobrar. Desafortunadamente nuestras administraciones públicas no se han hecho célebres por la celeridad en el pago. Teniendo en cuenta que nosotros al realizar algún trabajo o servicio ya contamos con tener que asumir ciertos gastos que vayan incluidos en nuestro presupuesto y que debemos abonar el importe del IVA hayamos o no cobrado las facturas, trabajar para lo público puede convertirse en un “regalo envenenado”. Es vital estar bien asesorado tanto a la hora de enfrentarse a un proyecto de estas características como a la hora de reclamar el pago del mismo.

Los autónomos tardan una media de 163 días en cobrar las facturas de la administración pero son los ayuntamientos los que más tiempo necesitan, 177 días, seguidos de las comunidades autónomas, con 149. Cuatro de cada 10 tarda más de seis meses en cobrar. La administración central del Estado es la más cumplidora con un retraso medio de 69 días, que se acerca bastante a los 60 días de morosidad media que impera entre las empresas privadas.

“La magnitud de las cantidades de dinero parece variar en modo notable según hayan de ser pagadas o cobradas.”

(Aldous Huxley)

[Publicado por Alicia Ballesteros]